Ocurrió ayer, en la vía pública. El hijo de uno de los imputados amenazó al testigo Alejandro Córdoba en horas de la tarde. Rápidamente intervinieron las TOE, y los efectivos del programa de protección de testigos de la provincia. La denuncia se radicó en la justicia federal.
el hijo de uno de los imputados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura, amenazó a un testigo clave en la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura militar en el norte santafesino.
Según se informó a Notife.com, Manuel Molina, hijo de Rubén “el pulpo” Molina -procesado por tormentos cometidos en la represión ilegal -amenazó en la vía pública a Alejandro Córdoba, un militante peronista que los setenta estuvo detenido en Reconquista y en la comisaria Cuarta en la capital.
Molina hijo, de 37 años y empleado de un canal de cable en Avellaneda, le dijo que “lo iba a reventar, que le iba a hacer la vida imposible hasta que abandone Reconquista”, comentó una fuente incontrastable.
Córdoba se comunicó inmediatamente con los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, que estaban en la ciudad del norte acompañando al Gobernador, y luego radicó la denuncia en la Fiscalía Federal, que rápidamente la elevó al juzgado, pidiendo la protección para el testigo, restricción de acercamiento de Molina y declaración indagatoria por el delito de amenazas.
El Jefe de las Tropas de Operaciones Especiales de la policía santafesina se entrevistó con el testigo a instancias de las órdenes que le instruyó el Ministro de Seguridad Daniel Cuenca.
“Por el momento, todos los resortes del programa de protección de testigos reaccionaron bien, estamos a disposición de Córdoba en todo momento”, señaló a este portal un funcionario del Ministerio de Justicia de Santa Fe.
Alejandro Córdoba fue uno de los primeros testigos en el expediente abierto en Reconquista hace tres años, que en la actualidad tramita el juez Carlos Skidelsky. (ver nota relacionada)
También fue clave en la causa penal por lo desaparición de la maestra santafesina Alicia Adela López, por la que está procesado por el delito de homicidio el ex presidente comunal de Rincón, Mario José Facino.
POR LEY, EN SALTA SE GARANTIZA EL DESMONTE Y SE AFECTA A LAS POBLACIONES ORIGINARIAS
La Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial, a pesar de las críticas de comunidades indígenas y pequeños productores criollos. Según la opinión de entidades ambientalistas, el proyecto apunta a extender la frontera agrícola y "podría poner en peligro la biodiversidad y afectar la supervivencia de las comunidades aborígenes y criollas".El gobierno de salta tiene todavía la oportunidad de dar marcha atráscon esta medida, pero pocos creen que esto se concrete. Los diputados Carlos Morello, de Libres del Sur, y Pablo López y Patricia Pobrete, del Partido Obrero, votaron en contra. Las principales objeciones fueron contra aquellos artículos que habilitarían permisos de nuevos desmontes.
El diputado Morello calificó de "inconstitucional" el artículo 28 de la nueva ley que establece que podrían ser aprobados aquellos pedidos de desmontes que se presentaron antes de la sanción de la ley nacional de presupuestos mínimos.
Morello aseguró que "es bastante audaz este artículo" porque, según explicó, iría en contra del artículo 3 del Código Civil, que dispone que, "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".
El legislador de Libres del Sur cuestionó también el artículo 30 que prorroga por tres años los permisos de desmontes y sostuvo que "estamos hablando de permisos sin entidad legal" y coincidió con entidades ambientalistas como Greenpeace, que criticaron otros artículos de la ley en los cuales se modificó el porcentaje de las pendientes en las cuales se prohíbe desmontar: el proyecto original establecía un 5 por ciento, en tanto que el proyecto aprobado anoche fija un 15 por ciento.
En esos mismos puntos, se corre el margen de monte sobre las riberas de los ríos, lo que podría provocar "un desastre ambiental", manifestó el legislador opositor. Para Morello, "estos artículos fueron tratados con una dejadez absoluta".
Por su parte, el diputado Pablo López, dijo que "este es un proyecto elaborado por la patria sojera, que tiene el visto bueno del gobernador (Juan Manuel) Urtubey".
En tanto, los diputados oficialistas Manuel Chauque, Antonio Lucena y Cristina Lobo, también criticaron estos artículos, pero terminaron votando a favor, tanto en general como en particular. El proyecto había sido consensuado por una Comisión Bicameral que introdujo las modificaciones al proyecto original. En la discusión previa causó sorpresa que el gobierno no enviara el mapa con las zonas establecidas como reservas.
Con esta ley se habilitarían aproximadamente 1.600.000 hectáreas para ser desmontadas. Pero el senador justicialista Alfredo Olmedo, quien además es uno de los más importantes productores de soja de la provincia, había presentado un proyecto en el que incluía la habilitación de cinco millones de hectáreas para desmontar.
Desde el Gobierno provincial se afirmó que el mapa se elaborará en base a los términos fijados por la nueva ley.
Por otra parte y con el patrocinio de la ex ombudsman porteña Alicia Oliveira y el abogado Gustavo Ferreira, una docena de aborígenes de la comunidad Wichi pidió hoy a la Corte Suprema que ordene el cese de "los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos" en la provincia de Salta. También solicitaron que se declare la "nulidad" de todas las autorizaciones otorgadas por el Gobierno provincial a las empresas para ejercer dicha actividad en cinco departamentos de Salta.
Mediante una medida cautelar hecha ante el Alto Tribunal solicitaron que se declaren inconstitucionales y absolutamente nulas todas las autorizaciones concedidas a empresas antes de la sanción de la Ley de Bosques Nativos, y que se les prohíba dar lugar a nuevos pedidos de tala.
Basándose en el hecho de que los bosques nativos han sido desde siempre los proveedores del sustento de estas comunidades, advierten sobre el proceso de desaparición de estas zonas, en especial en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, los cuales ocupan un tercio de la superficie de la provincia de Salta.
Además solicitaron que los responsables recompongan y restablezcan el ambiente al estado anterior al daño que denuncian y, en caso de no resultar técnicamente factible –por el daño irreversible que el desmonte provoca- se fije una indemnización acorde. También incluyeron un pedido para que el Gobierno salteño aporte un listado de todas aquellas personas o empresas que solicitaron permisos de tala y se les fue concedido.
Entre el año 2004 y 2007 hubo unos 211 pedidos de autorización para desmontes, de los cuales 195 fueron aprobados por el Gobierno provincial, explicaron en el escrito.
Wichis a la Corte Suprema por las tierras
Una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron este mediodía una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Pasado el mediodía, sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar en el Palacio de Tribunales, tal como había adelantado Clarín.com.En la demanda, afirman que los desmontes son "inconstitucionales" y que van a causar un "gravísimo daño" a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.
"Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible", le dijo a Clarín.com el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.
La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo "un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)". Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.
Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. "El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo", explica la demanda, de 50 carillas.
No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llega hoy al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.
Aumentó la población de adolescentes encerrados en el IRAR
Un juez de Menores argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial, mientras la Coordinadora de Trabajo Carcelario entiende que "mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel".
En los últimos tres meses se duplicó la cantidad de chicos en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR): de 20 pasaron a ser 39. Hay chicos durmiendo en la peluquería, en el sector de enfermería y en los patios internos. Desde la Dirección de Justicia Penal Juvenil cuestionan a los jueces de Menores por no adoptar los programas alternativos de recuperación y explican que el encierro es poco efectivo, por lo que debiera ser la última opción. En ese marco firmaron un acuerdo para que algunos chicos en conflicto con la ley construyan sillas y bancos para escuelas públicas. El juez de Menores Juan José Carmona argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial. Mientras, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia: "El IRAR es una jaula sucia donde los pibes viven hacinados, lejos de ayudarlos se ha convertido en una escuela de marginalidad".
Pablo tiene 16 años y está otra vez tras las rejas en el IRAR. Cayó por hurto, un delito que no es lo suficientemente grave como para estar privado de su libertad, pero su familia no lo quiere de vuelta. La última vez que robó en el barrio los vecinos les quemaron la casa y ahora los suyos se niegan a recibirlo. Pablo, junto a otros 38 chicos se pasa el día encerrado en una celda compartida, no hay para él otro lugar en el mundo. "Mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel y no de instituto -dispara Néstor Zapata de la Coordinadora de Trabajo-. Da la sensación de que no saben qué hacer con los pibes y entonces los meten en una jaula. Viven hacinados, abandonados, solos durante todo el día, prácticamente no hay talleres ni escolarización. Semanalmente algún chico entra en crisis".
Desde la dirección de Justicia Penal Juvenil, Silvia Crescente, se defiende y afirma ya fue aprobada la contratación de 22 personas para que trabajen en el lugar como capacitadores culturales. Mientras, algunos especialistas explican que el encierro recrudece y potencia la violencia, un efecto muy lejano a la pretendida recuperación.
Al respecto el juez de menores Carmona, que recibió el viernes pasado el detalle de los programas, opina: "Todas las medidas alternativas son perfectas y notamos que hay más compromiso por parte del gobierno, pero recién están empezando, falta aceitarlos para que tengamos la garantía de que cuando el pibe quede libre siga siendo efectivamente contenido".
Respecto a los cuestionamientos, Carmona responde: "No voy a disputar con el gobierno de la provincia. La culpa no la tengo yo ni la tiene (Hermes) Binner. Lo que hace falta es un código procesal penal del menor en donde el magistrado no esté en todo. Hoy el juez de minoridad investiga, sentencia y controla que la sentencia se cumpla. Necesitamos que haya investigación fiscal, jueces de garantías y jueces de sentencia. Una justicia penal juvenil donde estén diferenciadas las medidas cautelares y definitivas. Todo eso existe para los mayores, pero se ve que para la infancia hay menos ímpetu".
Tan sólo por el juzgado de Carmona este año pasaron 1500 menores denunciados por violar la ley penal. Pero él asegura que la percepción popular de que cada vez hay más niños y adolescentes que delinquen es "sólo un termómetro más bien mediático". Y opina que los métodos alternativos deben ser usados pero que en los casos de homicidio, robo calificado y violación es necesario privar de la libertad al infractor: "No todo es libertad, los niños también tienen que ser responsables de sus actos", sostiene. Cuando le recuerdan que el lugar donde los chicos que delinquen están encerrados es el IRAR, un sitio más cercano al hacinamiento y el abandono que a la recuperación, el juez reflexiona contundente: "El derecho también puede ser veneno".
En los últimos tres meses se duplicó la cantidad de chicos en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR): de 20 pasaron a ser 39. Hay chicos durmiendo en la peluquería, en el sector de enfermería y en los patios internos. Desde la Dirección de Justicia Penal Juvenil cuestionan a los jueces de Menores por no adoptar los programas alternativos de recuperación y explican que el encierro es poco efectivo, por lo que debiera ser la última opción. En ese marco firmaron un acuerdo para que algunos chicos en conflicto con la ley construyan sillas y bancos para escuelas públicas. El juez de Menores Juan José Carmona argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial. Mientras, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia: "El IRAR es una jaula sucia donde los pibes viven hacinados, lejos de ayudarlos se ha convertido en una escuela de marginalidad".
Pablo tiene 16 años y está otra vez tras las rejas en el IRAR. Cayó por hurto, un delito que no es lo suficientemente grave como para estar privado de su libertad, pero su familia no lo quiere de vuelta. La última vez que robó en el barrio los vecinos les quemaron la casa y ahora los suyos se niegan a recibirlo. Pablo, junto a otros 38 chicos se pasa el día encerrado en una celda compartida, no hay para él otro lugar en el mundo. "Mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel y no de instituto -dispara Néstor Zapata de la Coordinadora de Trabajo-. Da la sensación de que no saben qué hacer con los pibes y entonces los meten en una jaula. Viven hacinados, abandonados, solos durante todo el día, prácticamente no hay talleres ni escolarización. Semanalmente algún chico entra en crisis".
Desde la dirección de Justicia Penal Juvenil, Silvia Crescente, se defiende y afirma ya fue aprobada la contratación de 22 personas para que trabajen en el lugar como capacitadores culturales. Mientras, algunos especialistas explican que el encierro recrudece y potencia la violencia, un efecto muy lejano a la pretendida recuperación.
Al respecto el juez de menores Carmona, que recibió el viernes pasado el detalle de los programas, opina: "Todas las medidas alternativas son perfectas y notamos que hay más compromiso por parte del gobierno, pero recién están empezando, falta aceitarlos para que tengamos la garantía de que cuando el pibe quede libre siga siendo efectivamente contenido".
Respecto a los cuestionamientos, Carmona responde: "No voy a disputar con el gobierno de la provincia. La culpa no la tengo yo ni la tiene (Hermes) Binner. Lo que hace falta es un código procesal penal del menor en donde el magistrado no esté en todo. Hoy el juez de minoridad investiga, sentencia y controla que la sentencia se cumpla. Necesitamos que haya investigación fiscal, jueces de garantías y jueces de sentencia. Una justicia penal juvenil donde estén diferenciadas las medidas cautelares y definitivas. Todo eso existe para los mayores, pero se ve que para la infancia hay menos ímpetu".
Tan sólo por el juzgado de Carmona este año pasaron 1500 menores denunciados por violar la ley penal. Pero él asegura que la percepción popular de que cada vez hay más niños y adolescentes que delinquen es "sólo un termómetro más bien mediático". Y opina que los métodos alternativos deben ser usados pero que en los casos de homicidio, robo calificado y violación es necesario privar de la libertad al infractor: "No todo es libertad, los niños también tienen que ser responsables de sus actos", sostiene. Cuando le recuerdan que el lugar donde los chicos que delinquen están encerrados es el IRAR, un sitio más cercano al hacinamiento y el abandono que a la recuperación, el juez reflexiona contundente: "El derecho también puede ser veneno".
Se realizó la 1ª Conferencia Provincial de Políticas de Juventud
Con la presencia del gobernador de la provincia, Hermes Binner; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dió comienzo la primera Conferencia de Políticas de Jueventud. El acto se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y la conferencia contará con la presencia de intendentes y presidentes comunales; y organizaciones sociales que trabajen con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe.
Con la presencia del gobernador de la provincia, Hermes Binner; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dió comienzo la primera Conferencia de Políticas de Jueventud. El acto se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y la conferencia contará con la presencia de intendentes y presidentes comunales; y organizaciones sociales que trabajen con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe.
En la oportunidad, Binner señaló que este tipo de jornadas son importantes en “la formación que van teniendo los jóvenes, para que no estén condenados a esperar sino que puedan ser actores de la transformación que se está realizando en la provincia de Santa Fe”.
“Hoy lo que estamos proponiendo es integrarlos al todo –prosiguió el gobernador–, que no haya temas en los cuales estén excluidos. Es necesario aceptar el desafío de preocuparnos por el todo, por la sociedad, desde el pensamiento joven. Pensar como jóvenes significa incorporar inquietud, desafío, innovación, riesgo, búsqueda, todo esto es patrimonio de la juventud. Los jóvenes tiene que integrase plenamente a la vida de las comunas, de las instituciones, a la vida; por eso la creación del Gabinete Joven” en el gobierno de la provincia.
Con la presencia del gobernador de la provincia, Hermes Binner; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dió comienzo la primera Conferencia de Políticas de Jueventud. El acto se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y la conferencia contará con la presencia de intendentes y presidentes comunales; y organizaciones sociales que trabajen con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe.
En la oportunidad, Binner señaló que este tipo de jornadas son importantes en “la formación que van teniendo los jóvenes, para que no estén condenados a esperar sino que puedan ser actores de la transformación que se está realizando en la provincia de Santa Fe”.
“Hoy lo que estamos proponiendo es integrarlos al todo –prosiguió el gobernador–, que no haya temas en los cuales estén excluidos. Es necesario aceptar el desafío de preocuparnos por el todo, por la sociedad, desde el pensamiento joven. Pensar como jóvenes significa incorporar inquietud, desafío, innovación, riesgo, búsqueda, todo esto es patrimonio de la juventud. Los jóvenes tiene que integrase plenamente a la vida de las comunas, de las instituciones, a la vida; por eso la creación del Gabinete Joven” en el gobierno de la provincia.
Apareció Joana, pero ahora buscamos a María Belén
La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, a través del Registro Provincial de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, solicita cualquier información sobre el paradero de María Belén Aimi, de 19 años, ausentada de su hogar en Coronda, desde el 15 de noviembre pasado.En la Secretaría, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la madre de la menor ratificó la denuncia que ya había sido radicada en la comisaría 1ª de Coronda. Interviene en el caso el juzgado de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Santa Fe.
Según la denuncia, la adolescente –que mide 1,60 metros– es de contextura mediana, tez trigueña, cabellos negros oscuros y ojos negros. Al momento de la desaparición vestía jean oscuros, remera verde oscura, camiseta negra, cartera blanca con gris, y chatitas negras.
Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe (Saavedra 2059, de la ciudad de Santa Fe o Moreno 248 de la ciudad de Rosario) o bien llamar a la línea gratuita 0800-555-3348 durante las 24 horas.
La semana pasada apareció Joana Contrera, la joven santafesina que hacía un mes había desaparecido de su hogar. Si bien no se trató de un caso de trata de personas, en esta oportunidad es otro el punto de conflicto que pone en riesgo a las jóvenes de nuestro país. Un conflicto familiar y la constante violencia habrían desencadenado la desición de Joana de ausentarse de su hogar. Hoy las autoridades competentes se han hecho cargo del caso, con atención especial e interdisciplinaria para evitar mayores daños.
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