Fuente: Crítica de la Argentina
Sobre seco, extracción. La región en la que se autorizó la exportación de agua linda con las salinas y limita con Chile. Es una zona árida en la que ya se instalaron los pozos de bombeo, el primer paso para avanzar en la extracción de agua que se enviará al país limítrofe.
Antes de dejar el gobierno, Juan Carlos Romero permitió la exploración en la Puna salteña para proveer agua a una minera chilena. El Congreso pidió informes a Cancillería y el gobernador Urtubey quiere frenar el emprendimiento.
El agua es un recurso natural renovable en peligro de agotamiento. Muchas comunidades del país ya tienen un limitadísimo acceso a ella, como quienes viven en la reseca Puna salteña. Sin embargo, de su subsuelo podrían partir miles de miles de litros de agua entubada directo a Chile, donde los emprendimientos mineros a cielo abierto la necesitan para continuar con uno de los negocios más rentables del momento. Por ahora, el proyecto está en su etapa de exploración, a partir de los contratos firmados durante el gobierno provincial de Juan Carlos Romero. El negocio es redondo: la empresa de servicios hidrológicos pagaría a Salta 3 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua extraído, para luego venderlo a Chile a 1,5 dólares.
Los obstáculos aparecieron con el cambio de gobierno. La actual administración de Juan Manuel Urtubey estudia las alternativas legales para evitar que avance la operación. Las actuaciones están siendo analizadas por la Unidad de Revisión de Contratos del Estado (Unirem), el organismo provincial que tendrá la decisión final de la continuidad del proyecto.
En octubre de 2007 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto Pampa Colorada, que preveía la perforación de 35 nuevos pozos de agua dulce en el norte chileno. El objetivo era cubrir las necesidades del emprendimiento minero La Escondida, primer productor de cobre del mundo.
Como el agua es un recurso imprescindible para el proceso que permite extraer el cobre de los minerales que lo contienen, la empresa BHP Billiton, dueña de La Escondida, continuó en la búsqueda del bien preciado. Se encontró con un estudio de factibilidad técnica y económica que había realizado en 2000 un grupo de empresas argentinas sobre la posible explotación y distribución de agua para proyectos mineros, desde la provincia de Salta a la denominada II Región de Chile.
Una de estas empresas, Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales, pidió al Ministerio de Desarrollo Económico de Salta acceder al área de exploración. La respuesta del Gobierno de Romero fue positiva. Tras la firma del contrato, las perforaciones se pusieron en marcha a fines del año pasado. Los lugares elegidos fueron las áridas tierras de Socompa, Caipe, Llullaillaco y Río Grande, cercanas a los salares de la Puna.
Cuando Urtubey llegó a la gobernación salteña, la primera fase del negocio ya estaba sellada. Sin embargo, en febrero pasado, la ausencia de algunos permisos le permitió a la Secretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial, suspender las perforaciones. La presentación de un informe de impacto ambiental habilitó nuevamente a la empresa y sus máquinas volvieron a perforar tierra salteña, sólo dos meses después.
La operación ideada en el año 2000 por la empresa Servicios Hidrológicos y Mineros preveía un negocio muy rentable. Estimaba el envío a Chile de unos 6 mil litros de agua por segundo, con una inversión de 203 millones de dólares para construir el acueducto. Por cada mil litros de agua, la compañía pagaría a la provincia 3 centavos de dólar para luego vender ese volumen a 1,5 dólares en Chile. En menos de 9 meses, recuperaría el dinero invertido.
“De la Puna no saldrá ni un litro de agua dulce”, asegura Urtubey cada vez que se lo consulta sobre el tema. Su secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, completa: “El recurso hídrico es estratégico, es un bien público y pertenece a la provincia. Esta etapa de exploración es una herencia que recibimos. Ahora debemos controlar e intentar que el proyecto no continúe”, dijo a Crítica de la Argentina.
Más allá de la decisión política de Urtubey, la posible exportación de agua a Chile generó un pedido de informes por parte de la diputada nacional Fernanda Reyes de la Coalición Cívica. La solicitud apunta al Ministerio de Relaciones Exteriores, y pregunta si, a través de la Comisión Martina Noailles Administradora del Tratado sobre integración minera “se aprobó, aconsejó o autorizó” la exportación de agua desde la Puna salteña hacia Chile, para abastecer emprendimientos mineros. La diputada también quiere que la Secretaría de Minería le responda si tiene conocimiento de los trabajos de perforación, si dio autorización y si conoce el destino que se pretende dar al agua.
“El recurso agua es claramente estratégico y exportarla sería un absurdo inaceptable”, sostuvo Reyes, cuya solicitud llegará a destino si es aprobada por la Cámara de Diputados.
Según informó la Secretaría de Recursos Hídricos salteña, en dos de los cinco puntos donde se realizaron tareas de exploración, se encontró agua dulce. Se trata de Socompa I y Socompa II, terrenos cercanos a la Laguna de Socompa, donde la contratada Salta Perforaciones ya realizó pozos de hasta 140 metros de profundidad. En Cipe, Llullaillaco y Río Grande, en cambio, el agua que salió de los pozos de observación es de alta salinidad, lo que imposibilitaría su utilización para la minería.
Sin embargo, la empresa Mines SA –que forma parte de esta primera etapa de exploración– adelantó que el agua salada podría ser utilizada en Chile para regar caminos con mucho polvo.
Dulce o salada, de prosperar estos emprendimientos, los efectos se verían en el impacto ambiental, social y económico.
La experiencia de la contaminación y de la escasez
Las consecuencias sobre las poblaciones cercanas a los emprendimientos mineros a cielo abierto son gravísimas. En la Puna salteña, en la sanjuanina Jachal o en la riojana Famatina, o no hay agua o está contaminada. La experiencia en San Juan es una muestra.
“Si tenemos turno para usar agua a las 12 de la noche, hay que levantarse. Si no, te la roban. En época de siembra, la cebolla necesita mucho riego. No podés dejar pasar un solo día, porque a veces nos toca una vez por semana”. Daniela vive en San Juan, en las afueras de Jachal. Vive con su padre, quien con setenta años y el frío a cuestas, sale de su casa cada madrugada para regar sus cultivos. Como el resto de los 20 mil habitantes del pueblo, la familia de Daniela depende del río Jachal, la unión del Blanco, que baja salado de la cordillera, y Las Taguas, de agua dulce y cristalina. Ambos se abrazan en el dique Cuesta del Viento.
Cuando la multinacional canadiense Barrick Gold montó el proyecto Veladero sobre el margen del río Las Taguas, la vida del pueblo cambió. En el proceso de extracción de oro a cielo abierto se utiliza cianuro y unos 110 litros de agua por segundo, según la empresa. Para los expertos, esa cifra es hasta diez veces mayor.
Los campesinos de la zona pagan las consecuencias. “Si antes de la minería el agua era un problema, ahora es imposible –explica Daniela–. Hace poco la cortaron durante 12 días y tuvimos que cargar agua en baldes y damajuanas para darles de tomar a los animales. Si no, se nos morían.
”Para enfrentar los gravísimos problemas provocados por la minera, un grupo de mujeres del pueblo se unió y formó la agrupación “Madres Jachaleras”. Entre otras acciones, juntaron 5.000 firmas contra la contaminación del agua y enviaron a analizar muestras del río. Los resultados: en 2006, con Veladero funcionando a pleno, el río tenía 260 miligramos de arsénico por litro, y el agua potable 120 miligramos, más del doble de lo permitido. Después de tres años de denuncia y acción, Rosa Muñoz murió el mes pasado de cáncer, una de las enfermedades que produce la minería a cielo abierto.
