Luego de casi diez años de lucha, protestas y denuncias, los habitantes de Ituzaingó Anexo, un barrio de las afueras de Córdoba, lograron que la Justicia ordene la suspensión de las fumigaciones con agrotóxicos en la zona y sus alrededores.Los químicos con los que los productores fumigaban los campos de soja que rodean la localidad enfermaron de cáncer a 200 de los 5.000 habitantes de Ituzaingó Anexo, según datos de "Madres de Ituzaingó", un grupo de mujeres que luchó para detener ese accionar.
En las fumigaciones de los campos, que en muchos casos sólo estaban separados de las viviendas por una calle, los dos agrotóxicos utilizados son el glifosato y el endosulfán. Quedó comprobado que estos potentes herbicidas provocaron, además, alergias respiratorias, malformaciones, enfermedades neurológicas y problemas en la piel, vista, oído y vías respiratorias de los vecinos.
En la presentación que las "Madres de Ituzaingó" realizaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitaban "terminar con las fumigaciones que atentan contra la salud de la gente que habita el barrio y la conformación de un equipo médico para mejorar su situación sanitaria".
A la espera del fallo del máximo tribunal, la Justicia cordobesa tomó una medida cautelar para suspender las fumigaciones. Prohibió el uso de agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y a menos de 1.500 si la acción es aérea. Estableció el hecho como un delito penal, con penas de hasta 10 años de prisión para quien lo cometa.
La resolución fue bien recibida por los afectados. María Godoy, una de las "Madres de Ituzaingó", señaló: "En este largo proceso es bueno que, aunque tardíamente, hayan escuchado nuestro reclamos prohibiendo las fumigaciones".
